Detrás de las generadoras eléctricas, que el martes enviaron una carta al ministro de Economía contra la forma en que el Gobierno decidió cancelar los pagos adeudados por diciembre, enero y febrero, este jueves llegó la queja de las petroleras. También hablan de que vulnera el derecho de propiedad, la seguridad jurídica, y se ponen en riesgo las inversiones y, eventualmente, el abastecimiento de gas.
La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) les mandó una nota a Luis Caputo y a Eduardo Rodríguez Chirillo, el secretario de Energía, en la que rechazan el pago de la deuda que Cammesa, la firma estatal que regula el mercado eléctrico, mantiene con las petroleras por el gas mediante la entrega de bonos AE38 para diciembre y enero y el pago en efectivo para febrero.
«La mayoría de los productores nucleados en esta Cámara rechaza la modalidad de pago dispuesta en la Resolución», indicaron. En principio, las empresas que apoyarían la forma de pago son YPF, PAE y Pluspetrol, de la familia Rey.
Según CEPH, el rechazo se basa en varios puntos:
- La Resolución afecta los derechos contractuales de los productores en los contratos firmados con Cammesa en el marco del llamado «Plan Gas» aprobado en 2020 y modificado en 2022. Apuntan a una violación del «derecho constitucional de propiedad».
- La alteración, de manera unilateral, de los términos de contratos, dicen, también «afecta la seguridad jurídica, genera incertidumbre a futuro respecto de la estabilidad de reglas, y constituye un precedente que desalentará nuevas inversiones».
- Según las petroleras, esos cambios en la forma de pago tendrá impacto en la posibilidad de continuar con inversiones en perforación y terminación de pozos y/o construcción de infraestructura, y el mantenimiento de los niveles de producción, «incrementando innecesariamente el riesgo de suministro de gas natural, la continuidad de la cadena de pagos y el crecimiento del sector».
- Las empresas dicen que Cammesa tiene fondos para pagar y que al atar el pago de febrero en efectivo a la aceptación de los bonos para diciembre y enero «resulta altamente cuestionable y preocupante». Los bonos hoy cotizan con una quita de 50%.
Las empresas indicaron que el Estado también les adeuda fondos por el Plan Gas Ar, que fueron pesificados y que llevan en algunos casos hasta 18 meses de vencidos.
NE