17 de enero de 2024 – 00:20
Desde que la jueza norteamericana Loretta Preska condenó a la Argentina a pagarle 16 mil millones de dólares al fondo Burford Capital por la expropiación defectuosa de YPF, emergieron evidencias contundentes sobre la mala praxis que signó el proceso a cargo del actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en aquel entonces se desempeñaba como viceministro de Economía.
Kicillof ejecutó las órdenes de la presidenta Cristina Kirchner y se ajustó al diseño jurídico del secretario de Legal y Técnica Carlos Zaninni. Al defender la expropiación en el Congreso, dijo que respetar lo que YPF establecía en sus estatutos era “una estupidez”.
“¡Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”, vociferó.
Con este sólido argumento, y pese a las advertencias sobre el riesgo que implicaba apartarse de estas prescripciones, Kicillof y Zaninni no cumplieron con la cláusula que exigía que quien comprara más del 15% del capital social de YPF debía realizar una oferta pública en la Argentina y Estados Unidos a quienes ya poseían acciones o valores convertibles de la misma sociedad.
Esta negligencia se agravó cuando se le pagaron 5.000 millones de dólares a Repsol por la confiscación de sus acciones. En el acuerdo se dejó asentado que Repsol tenía derecho a reclamar por la violación del Estatuto, pero se negaba a hacerlo.
Según el analista Carlos Pagni, “hubo varios avisos sobre el riesgo que entrañaba esa aceptación. Existen emails del abogado externo Edward Scarvalone, dirigidos a varios funcionarios de Cristina Kirchner, alertando que si se le reconocía a Repsol esa prerrogativa, el Estado nacional se exponía a reclamos de otros accionistas. Esas alarmas fueron ignoradas”.
El emporio beneficiado por tamañas incompetencias funcionales fue el de la familia Eskenazi, que había desembarcado en YPF apadrinada por Néstor Kirchner sin poner un peso.
Los Eskenazi, propietarios del Grupo Petersen, declararon la quiebra y les cedieron los derechos a litigar contra el Estado argentino por los perjuicios que habían sufrido como consecuencia de las fallas de procedimiento perpetradas en nombre de la soberanía nacional a Burford, pero se reservaron la prerrogativa de cobrar el 30% de los resarcimientos.
La ineptitud podría no ser tal. Quizás los errores fueron deliberados, para que el Estado nacional perdiera el juicio. Ya como procurador del Tesoro, Zaninni pidió que no se investigara el modo en que los Eskenazi habían adquirido las acciones de YPF a través de un procedimiento llamado discovery que había sido solicitado el Procurador de la gestión de Mauricio Macri.
Además, desistió de continuar en España con el reclamo por la adulteración del convenio entre Petersen y Burford. Petersen había vendido a Burford su derecho a litigar en 15 millones de dólares. Por ese monto la Argentina podría haber hecho que el reclamo se extinguiera.
Ahora tiene que pagar 16.000 millones de dólares y el país está expuesto a embargos.
El presidente Javier Milei ha dicho que, para pagar la catástrofe YPF, podría crear un impuesto al que llamaría “Kicillof”, para que todos los argentinos recuerden al responsable de la saga cuando lo paguen.
Cuando juran, los funcionarios se someten a la demanda de Dios y la Patria si no cumplen.
En el caso del fraude de YPF, si hay que atenerse a lo que dijo Milei, la demanda de la Patria se circunscribiría a la simbólica denominación de un impuesto, que pagará la sociedad.
Al colectivero que mató un perro en Lanús, en cambio, el Presidente y la ministra Patricia Bullrich se encargaron de meterlo preso de inmediato.