12 de enero de 2024 – 00:10
La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó por segunda vez un planteo del Estado argentino para extender el plazo para presentar garantías de pago de los 16.000 millones de dólares que el país debe abonar por la defectuosa expropiación de YPF y, de este modo, habilitó a los demandantes para trabar embargos. El fondo Burford Capital, que le compró los derechos del litigio al clan Eskenazi, podrá a partir de ahora reclamar la incautación de activos argentinos que tendría ya apuntados desde hace un año.
Al rechazar las pretensiones argentinas, Preska consignó: «En todo momento, la República ha demostrado una aparente intención de aprovechar la práctica de la moción y la transición de las administraciones para eludir sus obligaciones con respecto a la sentencia final, y no hay pruebas de ningún intento de pagar la sentencia final».
El dictamen abrocha el del 15 de septiembre del año pasado, en el que la jueza sentenció que la Argentina debe pagar 16.000 millones de dólares a los accionistas minoritarios de YPF por haber transgredido el estatuto de la firma y no haber presentado una oferta pública de acciones cuando estatizó el 51% de la petrolera en 2012.
La decisión en tal sentido de la entonces presidenta Cristina Kirchner fue ejecutada por Axel Kicillof, que en aquel momento se desempeñaba como secretario de Política Económica.
En el fallo de septiembre, Preska le dedicó un párrafo al actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires “Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, asentó.
El estatuto de YPF, que para Kicillof era “una estupidez”, establecía que quien comprara más del 15% del capital social de la empresa debía realizar una oferta pública en la Argentina y Estados Unidos a quienes ya poseían acciones o valores convertibles de la misma sociedad. Pese a las advertencias, Kicillof y Carlos Zaninni, que era secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, ignoraron esta prescripción y no hicieron la oferta al expropiar a la española Repsol.
La mala praxis se perfeccionó cuando se le pagaron a Repsol 5.000 millones de dólares por la confiscación de las acciones. El Estado nacional admitió entonces que Repsol tenía derecho a reclamar por la violación del Estatuto, pero se negaba a hacerlo. Hubo varios avisos sobre el riesgo jurídico que entrañaba esa aceptación, que exponía al país a los reclamos de otros accionistas, como los Eskenazi, pero también fueron ignorados.
Es decir: Cristina Kirchner, Kicillof y Zaninni le sirvieron el argumento jurídico al Grupo Petersen de la familia Eskenazi para litigar contra el Estado argentino. Burford Capital compró ese juicio y lo ganó.
La impericia es sospechosa por inaudita.
En 2019, ya en calidad de Procurador del Tesoro, Zaninni desistió de revisar el procedimiento de compra de acciones por parte de los Eskenazi que había sido solicitado a Preska por su antecesor.
Los Eskenazi habían entrado a YPF apalancados por Néstor Kirchner, quien les permitió pagar las acciones con las utilidades que obtuvieran de la firma, algo irregular. Cuando YPF se estatizó, los Eskenazi dejaron de percibir utilidades y declararon la quiebra de Petersen. Un detalle adicional: entre 2016 y 2019, Zaninni fue director del Banco de Santa Cruz, propiedad del Grupo Eskenazi. Es la misma entidad que le daba dividendos excepcionales a la familia Kirchner.
Cuántas casualidades.
Los bienes del país quedaron a tiro de embargo hasta que la sentencia de Preka quede firme, como ya ocurrió con la Fragata Libertad en 2012 y los pagos de deuda retenidos en Nueva York en 2014 por orden del juez Thomas Griesa.