jueves, 23 mayo, 2024
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Confirmaron la condena por corrupción contra un exfuncionario K y un extitular de la UIA

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena por corrupción contra el ex presidente de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain, Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); el ex coordinador de YCRT Miguel Angel Larregina, y el ex asesor Juan Vargas. Se los acusó del delito de peculado, en una causa en la que se investigó la sustracción de 50 millones de pesos destinados a la construcción de una ruta que nunca se hizo.

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), firmaron las condenas en 2019.

Es la primera condena que se dictó en una causa vinculada a la mina de carbón de Santa Cruz. El expediente principal, el desvío de fondos atribuidos a Julio De Vido, se encuentra elevada a juicio oral y será también el TOF 7 el responsable de llevar adelante el debate.

En el marco del juicio, cuando la fiscal Fabiana León pidió la condena indicó que «el hecho que origina este juicio es un hecho de corrupción», durante el juicio se trató el pago de un anticipo de 50 millones de pesos a la empresa Fainser, de Lascurain, por la construcción de una ruta que nunca se hizo. León pidió una pena de cuatro años y medio por el delito de peculado.

Los camaristas rechazaron el planteo de los acusados sobre una arbitraria valoración de las pruebas que se discutieron durante el debate oral y público. Por el contrario, para ellos el juicio logró exponer la “materialidad de los hechos, la participación de los imputados en ellos y la calificación legal asignada”.

Al respecto, añadieron que la sentencia “contiene una adecuada fundamentación”, y coincidieron en que el Tribunal resolvió “ajustado a las pruebas válidamente incorporadas al debate”.

Durante el juicio oral se remarcó que el pliego de condiciones que licitó la construcción de la ruta de siete kilómetros, el llamado «Camino de los Mineros» para facilitar el tránsito en la zona del Yacimiento, «no preveía pago de anticipo alguno». Para la fiscal Fabiana León, la «contribución de Lascurain fue imprescindible para sustraer los 50 millones de pesos» entregados como anticipo en tres pagos, el último de ellos el 9 de diciembre de 2015, «cuando ya se sabía que iba a cambiar la intervención de YCRT».

La causa Río Turbio

En el marco de la defraudación por el mal manejo de los fondos que debían dirigirse a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), hubo una partida presupuestaria que involucró a Fainser, una empresa del ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, que recibió fondos millonarios por una obra inconclusa. Quedó procesado por defraudación al Estado y el juez Luis Rodríguez lo envió a juicio oral junto al ex intendente de la localidad, Atanasio Pérez Osuna y al diputado K Matías Mazú.

Muchas de las obras proyectadas para la modernización y puesta en marcha del Complejo Minero “no se completaron” y contaron con “sobreprecios e irregularidades administrativas”.

Cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio de la investigación, acusó a Lascurain como partícipe necesario del delito de sustracción de fondos federales, mientras que al ex interventor de Yacimiento Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y luego intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna lo acusó como autor de ese delito.

El intendente santacruceño dijo que las órdenes para hacer la obra de pavimentación se la dio el ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta, el ayudante estrella de Julio De Vido en el ministerio de Planificación cuyo chofer -Oscar Centeno- registró la fabulosa recaudación de sobornos en sus ya legendarios cuadernos de las coimas.

Para la Justicia, Mazú (quien falleció en un accidente automovilístico este año) y Pérez Osuna “habrían primero seleccionado y diagramado una estructura jurídica sobre cuya base se erigió el desvío” y luego coordinaron con la empresa Fainser, que resultó adjudicada para la realización la obra, la forma y condiciones del desvío” de 50 millones de pesos.

El presupuesto fijado por el Ministerio de Planificación para 7 kilómetros de pavimentación (que nunca se hicieron) fue de 494.235.000 pesos. La constructora a cargo fue Fainser SA, denunciada por el interventor de YCRT durante la gestión de Mauricio Macri, Omar Zeidán, y cuya apoderada es la hija de Alicia Kirchner.

Los funcionarios, junto a Lascurain y Mazú, “habrían actuado de manera consensuada, primero en orden a retirar la factura presentada a la Municipalidad, y en segundo lugar, a reordenar los pagos, fragmentarlos y presentarlos en suficiente tiempo y forma a YCRT, para que ésta, a menos de diez días del cambio de autoridades a nivel nacional y municipal, le girase fondos federales por 50 millones de pesos, por medio de tres pagos que fueron desviados de los fines legítimamente previstos, enmarcados bajo “anticipos financieros” no previstos en el convenio específico”.

Los pagos se instrumentaron librando tres cheques «retirados por la empresa, que alteró el circuito reglado en el convenio invocado». En efecto, el convenio específico estipulaba que los montos habrían de depositarse primero en las cuentas de la Municipalidad y luego ésta debía destinarlos a los fines indicados.

Al igual que el fiscal, el juez Rodríguez sostuvo que dicho mecanismo «fue deliberadamente omitido, lo que marca la consciencia de los imputados de estar actuando de manera irregular en pos de materializar el desvío antes del cambio de autoridades”.

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