El proyecto de Ley Impositiva para el año que viene que presentó el Gobierno tiene como objeto principal continuar con los lineamientos de política tributaria “adecuando la normativa a las nuevas realidades económicas que surgen en la actualidad”. En este sentido, si bien mantiene una distribución equitativa de las cargas tributarias sin alterar el equilibrio de las finanzas provinciales, la vista se posa en uno de los sectores productivos en auge en la provincia: la minería. La idea fue expuesta por el director de Rentas provincial, Lisandro Juárez Aliaga, en la Legislatura. El funcionario comentó que la Impositiva contempla una serie de medidas las cuales implicarían un costo fiscal que ronda los $200 millones por mes. “Estas las pretendemos compensar con el auge de la actividad minera” señaló.
En este sentido, el proyecto en estudio en la Cámara de Diputados, menciona que “la carga tributaria debe estar dirigida a aquellas actividades que demuestren mayor capacidad contributiva, como es el caso del sector minero, es por ello que se pone especial atención en el desarrollo del sector con una tributación que retribuya los beneficios obtenidos en el suelo provincial”.
El viernes último, el funcionario detalló ante los legisladores los principales lineamientos de la Impositiva. Remarcó que, como pautas generales, el proyecto respeta los topes de alícuotas firmados por la provincia en los Consensos Fiscales. Así, precisó que el impuesto Inmobiliario mantiene el porcentaje de descuento hasta un máximo del 40 por ciento para la extinción anticipada del pago anual para aquellos contribuyentes que, por sus objetos imponibles, no hayan adherido a regímenes de regularización tributaria.
En cuanto a Ingresos Brutos, comentó que se definen las escalas y los montos fijos que deberán ingresar los contribuyentes del régimen simplificado del impuesto en función de su categoría de revista en el régimen del monotributo nacional. En este sentido, remarcó que se mantiene la posibilidad de deducir de la base imponible, las remuneraciones brutas pagadas a los empleados registrados conforme la legislación laboral vigente.
El director precisó que en Ingresos Brutos “se incrementa la tasa al sector financiero, a los bancos, que en estos tiempos deben ser los grandes ganadores”. En esta línea, detalló que “se incrementó la tasa del impuesto del Ingresos Bruto a este sector en dos puntos, pasando del 7 al 9 por ciento”. Además, aclarando que aun así están dentro de las alícuotas que prevé el Consenso Fiscal, el objetivo es “armonizar la legislación tributaria con el resto de las provincias”.
Sobre el impuesto a los automotores, indicó que, si bien los mínimos establecidos para cada categoría se incrementarán en un 110 por ciento, se mantienen las alícuotas aplicables de este año. Además, se establece la exención del impuesto a los automotores a los modelos anteriores al año 2004. Juárez Aliaga destacó que en este impuesto se mantiene el descuento del 40 por ciento para la extinción anticipada del pago anual.
Sobre el tributo de sellos, el proyecto indica que se incrementa de $146 a $234 como resultante de aplicar la alícuota a la base correspondiente. Sin perjuicio de ello, se tomó la decisión de gravar a tasa cero a casi todos los actos, contratos y operaciones en general. Ahora bien, si alcanza a las operaciones con automotores, la construcción y “se gravan en su totalidad las operaciones mineras, de manera de compensar la extracción de recursos naturales no renovables dentro del mencionado ámbito”.
Sobre este eje, el director de Rentas remarcó que “genera menor presión tributaria y desburocratiza”. A la vez, ilustró que, entre “las operaciones de sello que terminan desgravadas a tasa cero, están los contratos de alquileres de inmuebles para viviendas o comerciales, contratos de obras y servicios entre privados, reconocimiento de deudas, garantías, operaciones de tipo comercial y bancario, es decir, las retenciones de sellos que existen sobre tarjetas de créditos, tampoco estarían gravadas a una alícuota”.
En ese momento, aclaró cómo se compensaría “el costo fiscal, que ronda los $200 millones mensuales”. “Estas medidas las pretendemos compensar con el auge de la actividad minera y por lo tanto mayores otorgaciones de hacer contratos de locaciones, sublocaciones, contratos de proveedores, sino que también incorporamos el hecho imponible de lo que son las cesiones de los derechos mineros”. “Esta se la pretende actualizar al 2 por ciento, cifra que consideramos que es un porcentaje acorde” agregó.
En tanto, mencionó que se proponen modificaciones al Código Tributario. Entre ellos, se incorporan como nuevos contribuyentes a los contratos de fideicomisos mineros y a los fondos comunes de inversión y, se exime del pago de todo tributo local a las empresas con participación mayoritaria por parte del Estado provincial”.