30 de octubre de 2023 – 01:15
Aunque las fuerzas políticas mayoritarias y con representación en la Legislatura provincial han manifestado en reiteradas oportunidades su adhesión a una reforma de la Constitución provincial, lo cierto es que las iniciativas presentadas hasta el momento han terminado naufragando, imposibilitadas de prosperar por las restricciones que impone la mayoría legislativa calificada, que exige la adhesión de los dos tercios de los diputados y senadores.
A partir del próximo 10 de diciembre se abre un nuevo escenario político en Catamarca, con un oficialismo ratificado electoralmente y una oposición en la que ha irrumpido con fuerza una expresión política que hasta ahora no había tenido representación. Tal vez los nuevos consensos que deban encontrarse en el renovado reparto del poder puedan incluir transformaciones de fondo, que resultan imprescindibles en Catamarca. Por cierto, la reforma constitucional es la expresión institucional de esos cambios estructurales.
El gobernador Raúl Jalil, en las horas posteriores a la ratificación de su liderazgo provincial en las urnas, dejó varias definiciones que permiten avizorar sus proyectos para los próximos años. En primer lugar, anticipó que no irá por un tercer mandato como gobernador, pese a que la carta magna provincial vigente no se lo impide. Además, manifestó su voluntad de insistir con un proyecto de reforma constitucional. Y se pronunció en contra de las reelecciones indefinidas, incluyendo, además de los cargos de gobernador y vice, a los intendentes y legisladores.
Si hubiese acuerdo para que la reforma prospere, las restricciones a las reelecciones indefinidas quedarían plasmadas en el articulado de la nueva constitución. Pero el consenso para avanzar en ese sentido es trabajoso, llevará su tiempo y el resultado final de las negociaciones es incierto. Mientras tanto, el Ejecutivo provincial se apresta a presentar un proyecto de ley para reglamentar una serie de artículos de la actual Constitución que permitiría ponerle un tope a las reelecciones.
Los artículos 73°, 80°, 133° y 250° establecen que los diputados, senadores provinciales, gobernador y vicegobernador e intendentes durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos. La redacción original de los artículos claramente no pone un tope a la cantidad de reelecciones, pero tampoco especifica de un modo taxativo que pueden ser reelegidos indefinidamente. El proyecto de ley reglamentaría esos artículos sin que se modifique el espíritu de posibilitar que los que aspiren a esos cargos puedan ser reelectos, pero le pondría un tope basándose en abundantes argumentos legales surgidos de tratados internacionales y de la propia Constitución Nacional, reformada en 1994, es decir, seis años después de sancionada la de Catamarca.
El borrador de la iniciativa, cuyos últimos detalles se preparan en el Ejecutivo provincial y al que tuvo acceso El Ancasti, expresa: “Si del propio texto de la Constitución no se establece lo ilimitado del instituto, entonces es viable limitar la reelección a un determinado número de períodos consecutivos, garantizando la democracia representativa. En efecto, de la literalidad de las disposiciones constitucionales, la «reelección indefinida» no se encuentra expresamente protegida como un derecho. En esta instancia cabe preguntarse en cuántos períodos deben limitarse las posibles reelecciones”.
La respuesta está en el articulado del proyecto de ley: tanto gobernador y vice, como diputados, senadores e intendentes podrán “ser reelegidos consecutivamente una sola vez”. Y más adelante: “Si han sido reelegidos no podrán ser elegidos nuevamente en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”.
Si bien el oficialismo cuenta con los legisladores suficientes en ambas cámaras –mayoría simple- para que el proyecto prospere y se convierta en ley, sería deseable que sea acompañado por todos los bloques para que cuente con un respaldo político unánime.
El ejercicio del consenso debería incluir, en el mediano y largo plazo, a las transformaciones de fondo en el funcionamiento de las instituciones del Estado, las que solo se logran con la reforma de una Constitución que ya tiene 35 años y requiere de inevitables actualizaciones para adaptarla al andamiaje institucional construido desde entonces.