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Complicidad canalla

27 de septiembre de 2023 – 00:40

Es importante que la ONG Poder Ciudadano haya pedido ser incorporada en la causa por el fraude con los sueldos truchos de la Legislatura de Buenos Aires, abierta cuando se descubrió al puntero Julio “Chocolate” Rigau realizando extracciones con 48 tarjetas de débito de agentes de ese cuerpo parlamentario.

De ser admitida, la organización contribuirá a la vigilancia de un proceso judicial sobre una trama de corrupción que muy pocos parecen dispuestos a develar. Ni siquiera el candidato a presidente libertario Javier Milei, que se postula como el adalid del combate contra la “casta política”, quien tendría en este caso un ingrediente casi definitorio para emparentar a Unión por la Patria y Juntos por el Cambio en la vocación de saqueo de las arcas públicas.

Es raro: le vendría al pelo, por ejemplo, a su candidata a gobernadora en Buenos Aires, Carolina Píparo, y aparte la estructura libertaria finca casi con exclusividad en territorio metropolitano.

Debe ser que a Milei le cuesta pasar de las generalizaciones a lo particular. O que se ha mimetizado con sus presuntos enemigos más rápido de lo que se presumía.

La motosierra se la trabó justo con la Legislatura bonaerense. O lo que es lo mismo: justo cuando podría hacer algo concreto, aparte de vociferar.

Julio “Chocolate” Rigau fue detenido mientras extraía de un cajero del Banco Provincia de La Plata los salarios de 48 agentes del cuerpo legislativo bonaerense con las correspondientes tarjetas de débito.

Se trata de una práctica tan habitual como canalla, porque se aprovecha de la pobreza que sus usufructuarios pregonan combatir: a cambio de aportes jubilatorios y obra social, los pobres admiten entregar los sueldos a las fauces del bulímico sistema político.

Rigau estuvo detenido 11 días y fue excarcelado por orden de los jueces Juan Benavídez y Alejandro Villordo, de la Cámara de Apelaciones bonaerense. El camarista Fernando Mateo votó en disidencia.

No conformes con liberar a “Chocolate”, Benavídez y Villordo anularon la causa esgrimiendo la nulidad del acta policial que habían admitido tanto la fiscal como el juez de Garantías que habían intervenido hasta entonces.

Un silencio sepulcral se impuso en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, cuya conducción comparten Unión por la Patria y el PRO. No hubo comunicaciones oficiales ni extraoficiales sobre el episodio ni del presidente ni de los vicepresidentes; tampoco de los titulares de los bloques, ni de ningún diputado.

El mutismo sintoniza con el fallo dividido de la Cámara de Apelaciones que liberó a Rigau y trató de matar el expediente. Lógico: “Chocolate” tiene en su poder información clave que podría embarrar a toda la política y, aún si no hablara, el contenido de su teléfono celular podría ser letal.

La sentencia de Apelaciones, anticipó la Fiscalía General bonaerense, será recurrida en casación. El fiscal Héctor Vogliolo confía que, por lo burdo que fue el fundamento de Benavídez y Villordo para anular el inicio de la causa y liberar a Rigau, le será «muy difícil» a la sala de Casación que resulte sorteada negarse a devolver el expediente a su juez original.

La intervención de Poder Ciudadano, que asume la representación de intereses colectivos, cobra relevancia superlativa por la defección de prácticamente todos los actores políticos e institucionales de la provincia. Incluido Milei, que tan indignado se muestra con este tipo de maniobras.

Los damnificados directos por la operación, que son los titulares de las 48 tarjetas de débito que tenía Rigau en su poder, son reticentes a hacer cualquier planteo por razones obvias: su vulnerabilidad social los expone a las represalias del sistema que los viene esquilmando a cambio de migajas. Empezando por devolverlos a la intemperie.

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