22 de septiembre de 2023 – 00:40
La protesta de la comunidad educativa de Anquincila por los desperfectos edilicios que impiden dictar clases en forma segura en la escuela 214 “Dina Perea de Aparicio”, marca la cronicidad de un problema que el Ministerio de Educación pretende justificar con la complejidad burocrática que asigna tales tareas a la cartera de Infraestructura y Obras Civiles. Sin embargo, las familias de la localidad ancasteña denuncian la indiferencia de las autoridades educativas a sus persistentes reclamos por las condiciones del establecimiento, que según dicen se remontan a varios años. Es el Ministerio de Educación el que tiene que llevar el pulso de la infraestructura del sector y además cuenta con un área específica para eso denominada, precisamente, Infraestructura Escolar.
El circuito se inicia en los directivos de la escuela, sigue por los inspectores, de ahí a Infraestructura Escolar y recién al final está Infraestructura y Obras Civiles. Es inverosímil que ninguno de los eslabones educativos se haya percatado del conflicto que se estaba incubando con tiempo suficiente como para evitar los cortes de ruta y la toma de la escuela.
Es algo similar a lo que pasó el año pasado con el conflicto en el área de Salud, que comenzó con una protesta de los agentes del Hospital de Niños Eva Perón que nadie vio venir y escaló hasta impregnar todo el sistema. Se trata de una deficiencia de orden político, de manera que la responsabilidad recae sobre el responsable político de la cartera involucrada.
Por otra parte, tanto los directivos de las escuelas como Infraestructura Escolar tienen recursos para acometer por sí mismo reparaciones de menor envergadura, de mantenimiento, sin necesidad de que intervenga Infraestructura y Obras Civiles.
A principios del año lectivo, cuando por enésima vez hubo que demorar el inicio de las clases en varias escuelas que estaban en pésimo estado, fueron ostensibles muchas situaciones que eran producto de la mera desidia. Por ejemplo, cielorrasos colapsados evidentemente porque no se habían tapado goteras oportunamente. O sanitarios, cañerías y grifería inservibles. Esto es: quienes están sobre el terreno no habían asumido las previsiones y desperfectos mínimos que habían evolucionado hasta convertirse en problemas enormes, para los que la presión por soluciones se acumulaba, para colmo, en las semanas previas al comienzo de las clases.
En el caso de la escuela de Anquincila, los reclamos son por grietas y hundimientos en las paredes de la cocina, los baños y una de las aulas. No se sabe, porque el Ministerio de Educación no lo ha dicho, si esto obedece a problemas estructurales graves, que demanden trabajos complejos. Sí tendría que resolverse a través de Infraestructura y Obras Civiles el reclamo de espacios adicionales para llevar adelante las actividades escolares.
El problema de fondo sigue siendo un esquema burocrático absurdo pergeñado en el gobierno de Lucía Corpacci, a través del cual se le asignaron competencias y fondos de Infraestructura Escolar al entonces Ministerio de Obras Públicas.
En principio, se suponía que era para que Obras Públicas se hiciera cargo más que nada de la construcción de nuevas escuelas, pero de a poco el área fue sumando más tareas, que eran delegadas por Educación.
Y es que, en lugar de un solo responsable por la infraestructura edilicia, que era por elemental lógica el ministro de Educación, se pusieron dos, con los consiguientes y previsibles cortocircuitos por divergencias que pueden ir desde el orden de prioridades para la inversión hasta meros enconos personales. Este diseño potencialmente tóxico se trasmite a los rangos inferiores de cada cartera.
Lo ideal sería que se modifique el sistema y se deslinden con claridad las competencias. Pero en cualquier caso, hasta entonces el monitoreo permanente de la situación edilicia de las escuelas le corresponde a Educación, para tramitar con agilidad y tiempo los trabajos. Es cuestión de organizarse.