Estudio muestra inserción dispar de las mujeres en los poderes del Estado provincialSociedad 

Estudio muestra inserción dispar de las mujeres en los poderes del Estado provincial

EJECUTIVO. A la escasa presencia de mujeres en ministerios, la describen como “una práctica común en Argentina” por la inexistencia de “medidas de igualdad de género que regulen el acceso”. Foto: Cedoc Perfil

“Pese a los importantes avances que han tenido lugar en las últimas décadas, las mujeres todavía enfrentan múltiples obstáculos (e incluso violencia) para ejercer plenamente sus derechos políticos”.

Con estas palabras comienza el informe El Camino de la paridad, un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la política cordobesa, presentado en el marco del programa Lideresas y elaborado en conjunto con el área de Género del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Argentina), ONU Mujeres e Idea Internacional. 

Es la primera vez que se aplica esta herramienta en un ámbito provincial. El programa, llamado Atenea, es una propuesta para, a partir de los resultados obtenidos, acelerar la participación política de las mujeres.  

En ese sentido, los resultados comunicados el jueves por el Gobierno provincial -que trabaja en cooperación con las instituciones mencionadas- muestran un escenario irregular en cuanto a la inserción de las mujeres en la política local, a pesar de los casi 20 años de vigencia de la ley de paridad, también llamada ley de cupo.

Del diagnóstico se evidencia la complejidad de la medición que contempla 29 indicadores en siete dimensiones de análisis, a partir de datos oficiales que dan cuenta de “importantes progresos, aunque también hay desafíos que atender para que la paridad en la toma de decisiones públicas sea una realidad efectiva”.

Para atrás y para adelante. Así, se destacan por el lado de los avances en materia de paridad de género en el Poder Judicial y en el marco legal y constitucional. Mientras que las deudas se concentran en los partidos políticos, así como en la designación de cargos en el Poder Ejecutivo y la situación de desarrollo heterogéneo de los municipios. 

En lo relacionado con el Poder Ejecutivo y la escasa presencia de mujeres en ministerios, la lectura que realizan en el informe es la de “una práctica común en Argentina” la inexistencia de “medidas de igualdad de género que regulen el acceso a altos cargos de designación y confianza política, y tampoco ha habido iniciativas de conformación de gabinetes paritarios”.

El Poder Legislativo provincial, por su parte, a pesar de la ley de paridad de principios del milenio y el 32,9%, presenta como dato relevante la ausencia de mujeres en los cargos de autoridad y decisión. 

Por otra parte, al analizar las candidaturas, el informe resalta las desigualdades vigentes y el hecho de que la presencia de las mujeres “es mayor en las candidaturas de representación proporcional que en las uninominales; hay más mujeres nominadas como suplentes que como titulares, y todavía son una pequeña minoría entre quienes encabezan las listas electorales”. 

Otro dato de interés que se desprende de los datos tiene que ver con las limitaciones de la participación de las mujeres al interior de los partidos políticos, entre los que se destacan la cobertura de la cuota mínima de género (30%), la casi inexistencia de secretarías de la mujer o de género y el poco compromiso con la igualdad explicitado en sus cartas orgánicas.

ENTREVISTA

“La idea de paridad es un concepto que va más allá de las acciones afirmativas”

Alejandra García, responsable del Área de Género del PNUD, fue una de las encargadas del informe. En diálogo con PERFIL CORDOBA explica que el índice “aborda distintas dimensiones en los diferentes poderes del estado y también en los gobiernos locales y partidos políticos y mide con la lógica que indica con 0 sin paridad y en cuánto más se acerca a 100, más cercano está al ideal del escenario planteado. Al interior, cada indicador te permite ver y plantear ideas para la mejora de aspectos que salieron más bajos”.

—La naturaleza de las acciones afirmativas o de discriminación positiva es que se retiren del escenario una vez alcanzados esos escenarios ideales de paridad. Sin embargo, tras casi 20 años, hay cuestiones que persisten. Incluso, localidades del interior que ni siquiera se intuye la posibilidad de un escenario paritario. ¿Cómo lo ve?

—Esas medidas, como indica Cedaw, están pensadas como de carácter temporal hasta que se logre la igualdad y también se utilizan para acelerar los tiempos. Sin embargo, hay desigualdades estructurales que tardan en cambiar porque no todos arrancamos desde el mismo lugar.

—También tiene que ver el clima de época, no es lo mismo el 2000 que hoy.

—Sí, la igualdad de género se puso en agenda fuertemente con el Ni Una Menos. Quizás en nuestro país estaba acotada al movimiento de mujeres y a ciertos espacios, pero no con el nivel de visibilidad de ahora.

—Hay ciertos cuestionamientos de un bloque intenso que descarta estas acciones porque considera que hay que llegar “por mérito” y no por cupo. ¿Qué contesta ante eso?

—La idea de paridad, en términos de democracias paritarias, es un concepto que va más allá de las acciones afirmativas como el cupo, un piso del 30% de mujeres representadas políticamente. El espíritu de una democracia paritaria, justamente, advierte que si tenés una ciudadanía en 50/50 debe representarse en sus instituciones y espacios de toma de decisión.

—A la luz de los debates actuales, ¿cómo se piensan estos estudios cuando, por ejemplo, la comunidad trans considera que se acotan a las mujeres?

—Todavía muchas de las acciones no contemplan la diversidad. Se plantean en el binomio masculino/ femenino. Falta para que se avance en relación con estos reclamos, desde las nuevas identidades de género, por ejemplo.

OPINION

Cuando las cordobesas nos tuteábamos con las suecas

Olga Riutort

Dirigente política, titular de Fuerza de la Gente

Cuando en el 2000 impulsamos la Ley 8901 de participación equivalente de género, que vino a reemplazar el cupo femenino, y al que quiero destacar como una herramienta útil para habilitar a las mujeres en el escenario parlamentario, notamos que, esa medida que se propiciaba como piso, se había convertido en un techo y comenzó a funcionar como condicionamiento a la expansión política de las mujeres en los ámbitos públicos.

Al momento de la aprobación de esta ley en el mundo según los datos de la ONU, sobre 40.526 actores parlamentarios a nivel mundial solo el 12% eran mujeres. El único antecedente global que encontramos es que había una ley similar de paridad en el parlamento sueco. Es decir, para ponerlo en términos coloquiales, que las cordobesas nos tuteábamos con las suecas.

Han pasado casi 20 años de aquella histórica medida y creo que no hemos logrado profundizar esos principios de democracia paritaria y hay varias razones. Acontecieron cambios constitucionales posteriores en el sistema de representación como las candidaturas uninominales departamentales.

Para traducir esta situación en la composición actual de la Legislatura, de los 26 departamentos llegaron solo tres mujeres como titulares, y esto nos debe provocar la siguiente reflexión: si los partidos políticos están dispuestos a invertir sus recursos para campañas electorales que las encabecen las mujeres, sobre todo en la representación departamental donde son territorios muy masculinizados.

Mi impresión es que no ven, o no las quieren ver a las mujeres como competitivas porque, tal vez no están dispuestos a correrse de esos lugares de poder. También podemos observar que la discriminación en los ámbitos parlamentarios no concluye con los accesos a las bancas, ya que en estas instituciones preexiste un principio organizador del trabajo de sesgo sexista, donde las mujeres no accedemos a la presidencia del cuerpo ni a sus comisiones estratégicas.

En el Poder Ejecutivo la participación de las mujeres es muy minoritaria y aquí podemos referir que es preocupante, porque en las principales instancias donde se formulan las políticas públicas que deberían incorporar sensibilidad de género, las mujeres estamos infrarrepresentadas.

El desafío sigue siendo corregir la distribución inequitativa del poder, mejorar las condiciones de participación de las mujeres, porque como colectivo socialmente relevante, junto a los adultos mayores, los niños y jóvenes, con los que tenemos una importante vinculación, somos los más vulnerables, sobre todo en los actuales escenarios económicos recesivos y de empobrecimiento.

Hay otra consideración tremenda que son los femicidios y que debemos interpelar a los presupuestos públicos acerca de su eficacia. En el plano municipal creo que recibimos muy buenas noticias. En nuestra ciudad se dio una práctica muy innovadora que fue un trabajo colectivo de diferentes bloques, que tuvo sus detalles, pero definitivamente me quedo con sus resultados: fue una especie de ecosistema político para impulsar la paridad en nuestra democracia local cuando participaron diferentes actores de la sociedad civil, políticas, académicas y judiciales tuvieron presencia y una comunidad de argumentos con importante incidencia en la agenda legislativa local.

En los gobiernos locales, la participación de las mujeres en los ámbitos deliberativos es muy significativo, pero habría que profundizar por qué las mujeres no logran dar un salto en el ámbito ejecutivo. Mi primera impresión es que las mujeres traccionan las listas por sus trayectos como profesionales, docentes, lideresas de las organizaciones de la sociedad civil, pero después se vuelve una puerta con candados su actuación en el ámbito del Ejecutivo, donde se toman las decisiones de poder. Las mujeres del ámbito judicial son muy importantes porque desde nuestra experiencia del Consejo Provincial de la Mujer como, por ejemplo, la creación de la Unidad Judicial de la Mujer y los Niños Víctimas de Abusos, fue una articulación muy importante para enfrentar las innumerables situaciones de violencias.


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